Un clima de frustración marca hoy la escena australiana e incluso trasciende las fronteras del país, tras el aplazamiento del plan para penalizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la industria nacional.
El decreto sobre el carbono, pospuesto hasta julio de 2011 por el primer ministro Kevin Rudd, enciende la alarma de ecologistas y otros círculos del país, mientras recibe mejor acogida de las compañías domésticas, al obtener un alivio al impacto de la crisis global.
Reunido ante la oficina de Rudd en Brisbane este martes, el Partido Verde denunció la alianza del gobierno y la oposición para minimizar la reducción de los gases de efecto invernadero.
“Es el momento de que la sociedad exprese su profunda preocupación”, manifestó a la prensa el vocero de la agrupación, Ronan Lee.
El interés fundamental de la administración radica en "ofrecer estabilidad a los negocios y la inversión de cara al futuro", dijo Rudd el día antes.
Se trata de su mayor giro político desde que asumió el poder, tras sucesivas negativas a ceder a la presión del empresariado para retrasar la entrada en vigor de la disposición oficial.
Según alegaba, tal paso empeoraría la situación ambiental de la isla continente, aunque el cinco por ciento definido del recorte de las emisiones quedará muy por debajo del 25 por ciento reclamado por los Verdes.
El mecanismo diseñado con ese fin contempla la creación de bonos de emisiones que podrán ser comprados o vendidos a precios de mercado por los industriales que necesiten contaminar, y el gobierno limitará su número de acuerdo con la cifra que determine reducir en cada periodo.
Para pasar el decreto en la Cámara Alta, Rudd necesita el apoyo de la oposición liberal -que lo rechaza por estimarlo imperfecto- o de partidos pequeños, como el Verde.
El Partido Liberal quiere aún más, aunque su líder, Malcolm Turnbull, dejó abierta puertas a eventuales compromisos con Rudd, quien le aventajó este martes en 10 puntos de preferencia popular, pero encara fisuras internas sobre cómo enfrentar los cambios climáticos.
Con esa mira recurrió a una maniobra dirigida a esa última agrupación con la oferta de elevar al 25 por ciento el recorte para 2020, pero según los ecologistas tal meta "dista bastante de lo posible".
La industria australiana se bate con la recesión mundial, pero los beneficios de la normativa gubernamental extienden incluso de 90 a 95 por ciento los permisos a conceder a los grandes contaminantes.
Entretanto, el presidente del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, R. K. Pachauri, subrayó que Australia necesita definir su compromiso para reducir las emisiones de CO2 antes de la cumbre de Dinamarca de diciembre próximo.
De no hacerlo, Canberra pone en riesgo el desenlace de las conversaciones sobre el candente problema, apuntó Pachauri.
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